Algo huele a podrido en Dinamarca la justicia española.
Hay algo profundamente podrido cuando la justicia deja de ser un escudo y se convierte en un arma. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con el lawfare: no hablamos de errores judiciales, ni de casos aislados, ni de simples polémicas. Hablamos de una estrategia, “el que pueda hacer que haga”. De un mecanismo de poder. De una forma de hacer política sin pasar por las urnas.
Y si alguien todavía tiene dudas, que mire de frente el caso de Mónica Oltra.

Oltra no era una política cualquiera. Era incómoda. Directa. De esas que no se callan, que señalan privilegios y que ponen nerviosos a los de siempre. Y eso, en determinados ambientes, se paga. Porque cuando no pueden derrotarte políticamente, intentan destruirte judicialmente.

Eso es el lawfare.

El caso que la apartó de la política activa no fue solo un proceso judicial. Fue un espectáculo. Una maquinaria perfectamente engranada en la que se mezclaron denuncias, titulares incendiarios y una presión constante que la empujó fuera antes de que existiera ninguna sentencia firme. Porque aquí está la clave: no hace falta condenar a nadie si puedes destrozarlo antes.

Y aquí hay que decirlo claro: una parte del poder judicial está jugando a la política.

Sí, sin eufemismos.

No hablamos de todos los jueces, pero sí de una estructura que permite —y a veces impulsa— decisiones con más impacto político que jurídico. Porque cuando se aceptan causas con indicios débiles, cuando se alargan procesos de forma estratégica o cuando se filtran piezas a los medios adecuados… eso no es justicia neutral. Eso es poder operando.

El lawfare no necesita ganar en los tribunales, necesita ganar en la calle, en la percepción pública. Y para eso, algunos jueces acaban siendo —consciente o inconscientemente— piezas de un tablero político que nunca deberían pisar.

Pero lo más grave de todo es que, mientras se construía el relato público, la realidad judicial iba por otro lado.

El caso de Mónica Oltra ha sido archivado varias veces por el juzgado instructor por una razón muy simple: no había indicios de delito. Ni el juez ni la Fiscalía veían base penal. Ninguna. Cero. Pero eso no impidió que la maquinaria continuara.

Porque aquí entra el papel más inquietante: la Audiencia Provincial de Valencia.

Es este tribunal quien, contra el criterio del juez instructor y de la Fiscalía, decide reabrir la causa y forzar la apertura de juicio oral. Y no porque aparezcan pruebas nuevas contundentes, sino porque considera que “no se puede descartar” delito o que existe la posibilidad de que los hechos encajen penalmente.

Traducido: no hay pruebas sólidas, pero “ya se verá”.

Y eso es muy grave.

Porque el mismo juez que investiga el caso —el que ha visto todas las pruebas, todas las declaraciones— mantiene que no ve delito, pero se ve obligado a enviarlo a juicio por imposición. No por convicción jurídica, sino porque una instancia superior lo ordena.

¿Y quién empuja para que esto no se cierre nunca? Las acusaciones populares, con clara presencia de la extrema derecha, que recurren una y otra vez hasta conseguir que el caso siga vivo.

Mientras tanto, el relato judicial se construye sobre hipótesis: que “quizás” se ocultó información, que “quizás” no se actuó correctamente, que “quizás” hay responsabilidades. Todo en condicional. Todo en el terreno de la posibilidad, no de la prueba.

Y así es como funciona el lawfare: no necesitan demostrarlo, solo necesitan que el proceso continúe.

A día de hoy, la situación es clara: Oltra está pendiente de juicio oral tras un proceso que ha sido archivado y reabierto repetidamente. Y el simple hecho de que el caso siga abierto ya ha tenido el efecto que buscaban: su dimisión, su expulsión de la primera línea política y su desgaste personal y público.

Eso es lo que indigna. No es solo el caso. Es el mecanismo.

Porque cuando un sistema judicial permite que un caso sin base sólida sea reanimado una y otra vez hasta llevar a alguien al banquillo de los acusados, el mensaje es claro: el castigo no es la sentencia, es el proceso.

Y eso tiene consecuencias mucho más grandes de lo que parece.

Porque el problema no es solo lo que le ha pasado a Oltra. El problema es lo que significa para todos los demás. Porque si una vicepresidenta puede ser apartada así, ¿qué le espera a cualquier joven que quiera hacer política de verdad? ¿A cualquiera que quiera cambiar las cosas?

El mensaje es brutal: “no molestes”.

No cuestiones. No incomodes. No intentes transformar nada. Porque si lo haces, pueden ir a por ti. No con argumentos, no con debate, sino con querellas, filtraciones y juicios paralelos.

Eso genera miedo. Y el miedo paraliza.

Pero también puede generar lo contrario: rabia, conciencia, ganas de plantar cara.

Mónica ha decidido, a pesar de todo esto, no resignarse: “Para esperar en casa, mejor vuelvo a la política activa”. Y ahora se presenta como candidata a la alcaldía de Valencia. Sabiendo que, seguramente, volverán a sacarla en los periódicos, a citarla en los juzgados, sin pruebas.

Porque aceptar el lawfare es aceptar que la democracia es una fachada. Que votar no es suficiente. Que hay poderes que no pasan por las urnas pero deciden igualmente.

Y eso, simplemente, no se puede normalizar.

La justicia debería ser el espacio más limpio, más blindado contra intereses políticos. Pero cuando falla, el golpe es doble: cae una persona y cae la confianza en todo el sistema.

Y sin confianza, no hay democracia que aguante.

Por eso mirar hacia otro lado no es una opción. Decir “siempre ha sido así” tampoco. Ni resignarse.

Porque esto también va de ti.

Va de si mañana podrás alzar la voz sin miedo. Va de si podrás implicarte, organizarte o protestar sin que alguien utilice los tribunales para callarte. Va de si el poder lo decide la gente o se juega en despachos cerrados.

El caso de Mónica Oltra no es el final de nada. Es una advertencia.

Una advertencia de que se están cruzando líneas muy peligrosas.

Y la pregunta ya no es qué ha pasado, sino qué estamos dispuestos a hacer.

Porque si no se responde, si no se denuncia, si no se planta cara, el lawfare dejará de ser una excepción y se convertirá en norma.

Y cuando eso ocurre, la democracia ya ha empezado a perder.