En política, lo único verdadero, es lo que no se ve.
José Martí (1853-1895)
Vivimos tiempos muy convulsos. Alguien afirmaba lo siguiente: “100 años de historia se pueden condensar en segundos”. Y realmente, el mundo de hoy no es el mismo de hace tan solo 96 horas.
La dificultad de análisis de la realidad se reproduce si, además, añadimos la complejidad de analizar el presente en una doble clave: la histórica y la política.
Es imperioso recuperar el análisis concreto de la realidad concreta, no perder el hilo en esa madeja producto de la guerra mediática, parte intrínseca de la guerra híbrida a las cuales las multinacionales, especialmente norteamericanas, nos arrastran, incluso mediante nuevas tecnologías que impiden la lectura analítica, sustituida por la inmediatez de la banalidad.
Por tanto, solicito a los lectores una esmerada lectura de lo que vamos a exponer contrastadamente.
Sobre Venezuela se han vertido incluso antes del triunfo de la Revolución Bolivariana y su 5ª República innumerables toneladas de información sesgada, incompleta o directamente mentiras indisimuladas.
Pero ¿en qué consiste este proceso de acoso y derribo inconcluso aún hoy, a enero de 2026? Nos centraremos en el origen de la cuestión: los primeros años de la Revolución Bolivariana (1998-2013).
Chávez, el “Gran Dictador”.
Hugo Chávez Frías ganó las elecciones el 6 de diciembre de 1998 siendo la cabeza visible de una amplia coalición de grupos de izquierda llamada Movimiento 5ª República (MVR). La victoria fue contundente, con un 56,20% de los votos emitidos, frente al 39,97% de Proyecto Venezuela, de marcada tendencia derechista.[1]
En el programa de corte izquierdista y antiimperialista, se explicitaba el impulso de un proceso constituyente que promulgara una nueva Constitución. [2]
Esta propuesta “aterrorizó” a las oligarquías nacionales y a sus socios norteamericanos y europeos. Chávez, cuya personalidad era arrolladora y peculiar, dotado de un carisma acompañado de un cumplimiento del programa electoral sin parangón, cada vez avanzó más en la idea de refundar el Estado, desarrollando el ideario electoral, de corte popular, antiimperialista y socializante. [3]
Efectivamente, el proceso electoral de 1998 fue reconocido como “limpio” por los observadores internacionales y sus resultados reconocidos. Posteriormente, juró la Constitución de 1961 advirtiendo que iba a superarla mediante un proceso constituyente; se convocaron a tal efecto dos referéndums (abril de 1999) y diciembre del mismo año, y ambos fueron validados por la mayoría. [4]
Con este inicio fulgurante, Chávez inauguró un período que, hasta 2023, sumaba 30 procesos participativos legales, los cuales incluyen 24 elecciones nacionales, regionales y municipales y 6 referendos (constituyentes, constitucionales, revocatorios y sindicales). En paralelo, como veremos, el Gobierno legítimo de Chávez afrontó desde el 2001 y solo hasta 2004 nada más y nada menos que 5 intentos de Golpe de Estado bajo el pretexto de “reestablecer la democracia, ya que Venezuela es una dictadura”.
No solo eso. Durante este período, opositores políticos; organizaciones no gubernamentales (ONG) de defensa de los derechos humanos y grupos empresariales organizados en Asociaciones Gremiales alineados con la gran burguesía patria y extranjera, incluyendo grandes cadenas de comunicación… lanzaron una incesante campaña sostenida y permanente de difamación política del nuevo Gobierno. las palabras más usadas del discurso opositor documentadas han sido: “régimen”, “dictadura”, “autoritarismo”, “usurpación”. [5]
A modo de ejemplo: la ONG Human Rights Watch califica al gobierno chavista como “políticamente intolerante, acosador judicial, restriñidor de la financiación internacional y confrontador frente a la sociedad civil” en su informe “Una década de Chávez: intolerancia política (…)” sin aportar apenas datos relevantes que justifiquen tales acusaciones. [6]
Decíamos que los medios de comunicación privados han sido –y son- altavoces de la oligarquía. TV Azteca, del gran empresario Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, que incluye Banco Azteca y la eléctrica Elektra), habitual de Forbes, se permite el lujo de preguntarse “¿Cómo empezó la dictadura en Venezuela?”, acusar de antidemocrático al Gobierno y aplaudir la reciente injerencia de EE. UU. en 2026 (“La libertad inicia en Venezuela”, reza un vídeo en primera plana de su web). [7]
Injerencia imperialista que ha conllevado incluso el secuestro del presidente Maduro, su esposa y el intento de imposición de unas medidas de colonialismo directo sobre un país.
Los partidos y candidatos opositores, especialmente en coyunturas electorales o de alta tensión política, recurrieron a un repertorio retórico similar. Diversas figuras de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y de partidos como Primero Justicia o Voluntad Popular calificaron al gobierno de Chávez —y posteriormente al de Maduro— como un “régimen autoritario”, un “gobierno dictatorial” o lo acusaban de una supuesta “usurpación del poder”, insistiendo en la idea de un país sometido a la “dictadura populista” y por tanto carente de las “mínimas garantías democráticas”. Estas acusaciones, amplificadas por sus campañas y las declaraciones públicas de sus principales dirigentes, reforzaron el marco discursivo ya instalado por los grandes medios y por organizaciones afines, consolidando una narrativa homogénea que presentaba al chavismo como una amenaza estructural a la democracia venezolana.[8]
A pesar de ello, de los 30 procesos electorales hasta 2023, a un promedio de 1,15 proceso anual, el convocante perdió el referéndum constitucional de 2007 por una diferencia de –1,4% del cual Chávez asumió el resultado, afirmando entre otras, “que la democracia es así, la propuesta no pasó y lo reconozco”.
Así mismo, el MVR perdió en votos (no en escaños) las elecciones parlamentarias de 2010. Tampoco en este caso hubo impugnaciones; se reconoció la nueva correlación de fuerzas, y asumió que la oposición había ganado el voto popular.
En este contexto, resulta especialmente revelador que, durante el periodo de Chávez, coexistieran dos dinámicas aparentemente contradictorias: por un lado, un ciclo electoral hiperactivo, con más de una decena de elecciones nacionales, referendos y consultas, incluyendo un revocatorio solicitado por la propia oposición y una derrota electoral reconocida públicamente en 2007; y por otro, un discurso opositor que desde muy temprano calificó al gobierno como “dictadura” o “régimen autoritario”, narrativa que alcanzó su punto más extremo en el golpe de Estado de abril de 2002, justificado precisamente bajo esa acusación. El contraste entre la evidencia institucional —procesos electorales frecuentes, competitivos y con resultados adversos aceptados— y la retórica que buscaba deslegitimar al gobierno revela hasta qué punto la disputa política venezolana se libró no solo en las urnas, sino también en el terreno simbólico y discursivo, donde la palabra “dictadura” funcionó como un dispositivo de confrontación más que como una descripción ajustada a los hechos del periodo.
Durante los gobiernos de Chávez, en un contexto marcado por una fuerte confrontación política —que incluyó campañas mediáticas hostiles, protestas violentas, “guarimbas”, un golpe de Estado en 2002, un paro patronal de alcance nacional (nada más y nada menos que un paro petrolero) y presiones internacionales — continuaron existiendo los espacios de libertad de prensa, expresión y participación política y social. Medios privados críticos siguieron operando, la oposición participó en múltiples procesos electorales y mantuvo cierta capacidad de movilización, y las organizaciones sindicales y sociales actuaron con relativa autonomía. [9]
Buena parte de las tensiones entre el gobierno y sectores opositores se originan en el ciclo 2001–2004, insistimos marcado por un golpe de Estado, un paro nacional petrolero y llamados explícitos a la ruptura institucional. En ese contexto, el gobierno calificó a ciertos actores como ‘golpistas’, lo que explica parte de las medidas y controversias posteriores. Los protagonistas de estos hechos, con clara vocación de hacer caer al ejecutivo, colapsar la economía, llamar a la rebelión ciudadana contra el Gobierno, accionar los medios de comunicación privados en favor del entorno del golpismo y del propio Golpe, la nuclearización de ciertos sectores de la oposición entorno al golpista Carmona e incluso, intentar convocar plebiscitos revocatorios del Presidente del Gobierno sin seguir trámites legales y fuera de toda observación por parte de la CNE, son hechos a tener en cuenta del por qué se afirma, tan a la ligera, que en Venezuela el Gobierno “es dictadura y reprime”.
En la era de Chávez, los casos que la oposición presentó como “presos políticos” correspondían en realidad a personas condenadas por delitos graves —como los implicados en el asesinato del fiscal Danilo Anderson o en los sucesos de abril de 2002—, no por ejercer actividad política. Ni Pedro Carmona ni los militares golpistas fueron encarcelados, lo que refuerza que no existió persecución política real en ese periodo.
Llegados a este punto, para entender mejor el contexto cabe preguntarse por los hechos sucedidos en abril de 2002 y el paro petrolero.
¿Quién era Carmona, qué fue la Junta Golpista y qué sucedió en abril de 2002?
Pedro Carmona era el presidente de Fedecámaras, la principal central patronal del empresariado venezolano. En el contexto de los hechos del 11 de abril, encabezó una coalición integrada por sectores empresariales, partidos opositores, la dirección de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), mandos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y los principales medios privados. Este bloque proclamó una Junta de Gobierno presidida por el propio Carmona, que asumió facultades extraordinarias y dejó sin efecto las instituciones vigentes. Se llamó al ejército a sublevarse contra el Gobierno de Chávez, llegando a arrestar al propio Chávez e intentar secuestrarlo, reteniéndole en una base militar.
El autoproclamado nuevo gobierno recibió reconocimiento inicial de Estados Unidos, España, Colombia y El Salvador, mientras que las principales potencias europeas y asiáticas evitaron otorgarle legitimidad, guardando una cierta prudencia. La situación se revirtió en menos de 48 horas, cuando la presión social y la recomposición del mando militar restablecieron al gobierno constitucional el 13 de abril: el levantamiento de abril es un claro y manifiesto golpe de Estado, posteriormente fracasado. [10]
No podemos obviar, pero, que estos hechos solo fueron un capítulo más de un serial de intervenciones para hegemonizar el control de las riquezas venezolanas, y especialmente, el petróleo.
Carmona y el bloque oligárquico: no solo el golpe de 2002; también la batalla por PDVSA[11]
A comienzos de 2002, la tensión entre el gobierno de Hugo Chávez y la cúpula de PDVSA ya era evidente. Desde finales de 2001, el Ejecutivo había impulsado un paquete de leyes que buscaba aumentar la participación fiscal del Estado y orientar la renta petrolera hacia programas sociales. El enfrentamiento entre el gobierno de Chávez y la élite de PDVSA fue mucho más que un conflicto administrativo: expresaba la disputa por quién controlaba la renta petrolera y con qué fines. Mientras el Ejecutivo buscaba subordinar la empresa al proyecto nacional y social. El gobierno también denunciaba que PDVSA actuaba como un “Estado dentro del Estado”, reprochaban la burocratización de la estructura y el aprovechamiento del hidrocarburo por parte de las multinacionales extranjeras. La dirigencia gerencial de PDVSA defendía la “meritocracia” corporativa y denunciaba una supuesta politización.
Las tensiones escalaron con protestas, cacerolazos y una creciente intervención estatal, hasta desembocar en el paro petrolero de 2002, apoyado por Fedecámaras y la CTV, que paralizó la economía y buscó forzar un cambio político.
Tras recuperar el control, el gobierno reestructuró PDVSA, que pasó a financiar directamente programas sociales e integrarse plenamente en el proyecto bolivariano. Así, el golpe de Carmona, el conflicto con la cúpula petrolera y el paro no fueron episodios aislados, sino momentos de una misma pugna estratégica: la lucha por el control del principal recurso del país en un contexto donde el gobierno contaba con un amplio respaldo popular.
El control estratégico del principal recurso del país, con unas reservas de 303 mil millones de barriles (consideradas por la mayoría de las instituciones autorizadas como las primeras del mundo) era la batalla. Para unos, era la principal fuente de progreso y desarrollo social de la inmensa mayoría: el motor del cambio. Para otros, la pérdida de material de sus privilegios, prebendas y beneficios. Queda por ver, y veremos próximamente, en que se invirtió la renta petrolera y cómo afectó a la sociedad venezolana y latinoamericana, entre otros aspectos de gran interés.
[1] Elecciones presidenciales de Venezuela de 1998, Wikipedia (Elecciones presidenciales de Venezuela de 1998 – Wikipedia, la enciclopedia libre) Desde 1998 a 2007 el partido/bloque de Hugo Chávez se denominaba Movimiento V República; en 2007 se funda su sucesor, el PSUV. En 2011 se funda el Gran Polo Patriótico (partidos y movimientos de izquierda que apoyan el proceso bolivariano). El Movimiento V República, y posteriormente el PSUV contaron con el apoyo externo del Partido Comunista de Venezuela -PCV- (y otros grupos de izquierda) en época de Chávez. Las relaciones posteriores pasaron por altibajos, contradicciones y disputa política abierta entre ambos.
[2] Se proponía un proceso constituyente que superase el marco de la Constitución de 1961: se creaban 2 nuevos poderes a los 3 existentes (legislativo, ejecutivo y judicial): el poder ciudadano y el poder electoral. Se reforzarían los mecanismos de participación democrática de las masas, dotándoles de más legitimidad y protagonismo en la vida pública y social, como un sujeto con plena participación, voz y voto en la vida pública: se reconocen los referendos revocatorios, consultivos y aprobatorios, las iniciativas legislativas populares y las asambleas de ciudadanos. En el plano territorial, se pretendían resolver históricas carencias territoriales y desigualdades: se reconocen los municipios autónomos, se descentraliza el Estado, y se reconoce un amplio abanico de derechos a los territorios indígenas.
Comparación de las Constituciones Venezolanas de 1961 y 1999; Monografías.com (Comparación de las constituciones de Venezuela 1961 y 1999 desde el aspecto ideológico-político)
[3] Básicamente, y por no extendernos en demasía, los ejes del programa a desarrollar una vez ganadas las elecciones eran 5: 1) Refundación institucional y Asamblea Constituyente, 2) lucha contra la corrupción y la crisis de representación, 3) justicia social y redistribución de la riqueza, 4) reactivación económica y soberanía nacional y 5) la construcción de un proyecto nacional alternativo común. El programa incluye, lógicamente, además de la representatividad social de las clases trabajadoras, campesinas y populares en los órganos del Estado, con un indisimulado peso, cuestiones clave como la soberanía en los sectores clave: hidrocarburos, minerales; la oposición al latifundio y/o la oligarquía agraria, la banca, el papel demasiado poderoso de las empresas transnacionales, además de promover la recuperación del papel de Venezuela en la OPEP, y un incipiente discurso general sobre integración latinoamericana, la multipolaridad y la independencia frente a EEUU.
Venezuela. La victoria de Chávez. El Polo Petriótico en las elecciones de 1998. Nueva Sociedad, marzo-abril 1999.
La nueva política exterior de Venezuela durante la gestión de Hugo Chávez. Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Internacional de la Plata, 14-15 noviembre, 2002.
Enlace directo del Ministerio del Poder Popular de Planificación a la Constitución venezolana de 1999: https://mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2023/07/GO-36860_constitucion.pdf
[4] El proceso constituyente venezolano de 1999 se articuló alrededor de dos consultas populares que resultaron decisivas para su desarrollo. Aunque la Constitución de 1961 no contemplaba explícitamente la figura de una Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno de Chávez impulsó el mecanismo apelando al principio del poder constituyente originario. Esta interpretación generó un debate jurídico considerable, pero no impidió que el procedimiento adquiriera legitimidad política a través del voto ciudadano.
En primer lugar, el referéndum consultivo de abril de 1999 permitió que la población se pronunciara sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La aprobación de esta iniciativa otorgó al Ejecutivo un mandato claro para iniciar la transformación institucional. Posteriormente, una vez redactado el nuevo texto constitucional, se celebró el referéndum aprobatorio de diciembre de 1999, en el que la ciudadanía ratificó la propuesta elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente.
En conjunto, estas dos consultas configuraron un proceso que, si bien jurídicamente heterodoxo, obtuvo una validación democrática directa mediante la participación electoral. Esta combinación —tensión legal y legitimidad popular— es uno de los rasgos más característicos del ciclo político venezolano de 1999.
Combellas, Ricardo; El proceso constituyente y la Constitución de 1999, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, ed. 2003. (redalyc.org)
[5] https://es.wikipedia.org/wiki/Oposición_al_chavismo
[6] https://www.hrw.org/es/report/2008/09/18/una-decada-de-chavez
[7] ¿Cómo inició la dictadura en Venezuela? Esta es la cronología de la crisis en el país y el final de
Nicolás Maduro capturado por EU
[8] Por citar un par de ejemplos, declaraciones de la Plataforma Unitaria Democrática llegaron incluso a denunciar acciones del “régimen” y de la “dictadura chavista”, en línea con la retórica predominante en sus comunicados públicos. De igual modo, figuras como María Corina Machado han recurrido reiteradamente al término “régimen” para referirse al gobierno, reforzando la idea de una Venezuela sometida a un poder ilegítimo y antidemocrático. Véase: La oposición de Venezuela rechazó la agresión de la dictadura chavista contra el cardenal Baltazar Porras: “Es un atropello” – Infobae
[9] Excepto Globovisión —que desde 2013 ha variado su línea editorial tras su venta— los principales grupos privados de comunicación (Venevisión–propiedad de Organización Cisneros, Televen–Familia Camero, Unión Radio -familia de Armas, FM Center -Familia Rofriguez, 1BC) no forman parte del bloque mediático del gobierno, manteniendo abiertamente una línea opositora. Así desafían la censura en Venezuela los medios digitales independientes | Reuters Institute for the Study of Journalism
[10] Pueden consultar el fantástico documental ”La Revolución no será televisada”, disponible en YouTube.
También: Tirado, Arantxa; Venezuela. Más allá de mentiras y mitos, Akal, 2019.
[11] PDVSA fue nacionalizada en 1976, durante el 1r gobierno de Carlos Andrés Pérez. Aunque formalmente estatal, la empresa funcionó durante décadas como una tecnocracia autónoma con fuertes vínculos internacionales. Las multinacionales petroleras siguieron presentes a través de contratos de servicios que, en la práctica, les permitían operar campos para PDVSA a cambio de tarifas fijas: el crudo era público, pero las compañías extranjeras perforaban, extraían, mantenían la infraestructura y aportaban tecnología, mientras PDVSA asumía el riesgo financiero. Esto consolidó una élite técnico‑gerencial local muy influyente, estrechamente conectada con la burguesía rentista. Además, la comercialización internacional dependía de redes globales de refinación y transporte dominadas por grandes corporaciones. En la Faja del Orinoco, las asociaciones estratégicas otorgaron a multinacionales participación accionarial significativa, altos retornos y baja presión fiscal. Entre las empresas presentes destacaron Chevron y ConocoPhillips (EE. UU.), Repsol (España), Shell (Reino Unido–Países Bajos), Total (Francia) y Petrobras (Brasil).
Fuentes: Petroleumag, Las Cuatro Etapas de PDVSA: 1976–2025
Tinker Salas, The Enduring Legacy, Oil, Culture, and Society in Venezuela. Duke University Press, 2009.
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