Eso es lo que estamos haciendo en España desde hace más de 80 años, desde que la dictadura de Franco suspendiese la libertad de asociación. Lo hizo de una manera tajante durante décadas y, a partir de 1964, de manera sutil. Pero lo hacía porque una dictadura es eso, una sociedad donde sólo tiene cabida el Estado y la Empresa (privada y lucrativa). Pero llevamos más de casi cinco décadas sin cambiar de mentalidad, permitiendo la libertad de asociación, sí, pero sin apostar claramente porque esta tenga un papel fundamental en nuestro país en la vida social, cultural, económica… Excepto el asociacionismo sindical, empresarial y de fundaciones vinculadas a partidos, es decir el que tiene un carácter más político, el resto parece que deseemos que desaparezca, o que quede como elemento decorativo para, de vez en cuando, mostrarlo como prueba de que, efectivamente, vivimos en un estado de derecho con libertades. En la transición, el asociacionismo era, sobre todo, de tipo reivindicativo. Tras 40 años de clandestinidad eso era lo que se entendía que tocaba. El asociacionismo reivindicativo es de acciones puntuales. Aunque tengan una liturgia anual que se repita (8 de marzo, 1 de mayo, día del orgullo gay…) no tiene una trascendencia continuada en la vida diaria social, salvo que alguna movilización ciudadana empuje una decisión política de mejora social que se traduzca en una intervención del Estado. Y esto es importante, claro.
Pero la mayoría de las asociaciones, y de las personas asociadas, no hacen reivindicación social. Son entidades deportivas, musicales, culturales, festivas, de ocio educativo, asistenciales… que permiten mejorar el día a día de millones de ciudadanos y ciudadanas, con una actividad profesional (retribuida o voluntaria) que, al no tener ánimo de lucro, saca el máximo rendimiento a los recursos con los que cuentan para atender cada una de sus tareas sociales.
En la transición se abandonó el camino de recuperar una sociedad civil organizada como pieza que asienta las bases, no sólo de una democracia de calidad, sino también de una sociedad avanzada. Llevamos décadas acomodados en la idea de que el asociacionismo sólo necesita que se permita como un derecho ciudadano y, en todo caso, que reciba algunos recursos para hacer sus cosas (pocos recursos para hacer pocas cosas).
Nunca se ha fomentado, de verdad, que la sociedad tenga una pata fuerte sobre la que se asiente, y que complemente la del Estado y la del sector privado lucrativo, un asociacionismo potente y desarrollado, como el que existe en el centro y norte de Europa.
Lo mejor para entenderlo: un ejemplo.
Una asociación que entrena deportivamente, o que forma musicalmente a decenas de menores cada día, para contar con la ayuda pública que necesita para realizar esa actividad, necesita:
1.- Presentar un proyecto.
1.1.- Tener la suerte de que la entidad pública correspondiente haya destinado suficiente dinero a repartir entre asociaciones para desarrollar sus proyectos.
1.2.- Tener la suerte de que entra en el reparto de ese dinero y de que lo que reciba le llegue al mínimo que necesita.
2.- Presentar memoria.
2.1.- Tener el mismo funcionamiento contable, administrativo, y laboral que una empresa lucrativa.
2.2.- Pasar por las inspecciones de hacienda y de trabajo, como cualquier empresa lucrativa.
2.3.- Presentar las facturas de sus gastos, hasta el último euro. Todas legales.
2.4.- Tener la suerte de que ningún funcionario considere que alguno de eso gastos no debió realizarse, aunque haya sido imprescindibles para el desarrollo del proyecto.
2.5.- Pasar por auditorías municipales para comprobar que se hace todo correctamente, para analizar los libros contables, las cuentas bancarias…
… aunque lo que reciban de ayuda sean 1.000 euros al año.
Una empresa privada con ánimo de lucro que hiciera lo mismo sólo necesita:
1.- Presentar un presupuesto, para competir con otras empresas en ser el más barato (mal pagando a trabajadores para conseguirlo, por ejemplo).
2.- Presentar una factura que, en cualquier caso, siempre será por una cantidad bastante superior al coste del servicio si hubiese sido prestado por una asociación (porque una empresa tiene un beneficio para el empresario o los accionistas que una asociación no tiene).
2.1.- Tener el funcionamiento contable, administrativo, y laboral de una empresa lucrativa.
2.2.- Pasar por inspecciones de hacienda y de trabajo, como empresa lucrativa.
… aunque lo que se facturen sean varias decenas de miles de euros.
Así está el tema.
Para la mayoría de los funcionarios-as las asociaciones son un mal menor que hay que soportar por vivir en una democracia. Se juntan unos cuantos vecinos que quieren hacer sus cosillas y, ¡qué remedio!, hay que darles para sus gastos, siempre que no sea mucho dinero, para compra de material exclusivamente (o quizás para algún transporte si no queda otro remedio). Al funcionariado no se le pasa por la mente que, quizás, si ciertas cosas las llevase la sociedad civil organizada, serían más baratas y tendrían mejor calidad. Aunque con el inconveniente de que, al contrario que a una empresa que le pagas y te hace lo que le digas, como le digas y cuando le digas, una asociación puede activar su componente reivindicativo. Mejor tenerlos en bajo nivel de actividad. Basta con dictaminar que lo único legal es que todo lo lleve la empresa privada. Aunque no sea cierto. No pasa nada, quien va a recibir ese mensaje serán personas voluntarias y voluntariosas de asociaciones, o políticos que, desde hace ya muchos años, carecen de ideología, de modelo de sociedad (más allá de cuatro tópicos), y de personalidad para tomar decisiones políticas, salvo que estas encajen dentro del margen que les marca, no la ley, sino las opiniones de los funcionarios.
