Por Deferencia de la revista hermana Sin Permiso

Esta es una lista, seguro que incompleta, de algunos de los hechos represivos que se están acumulando. 

Este 10 de julio entraron en la prisión asturiana de Villabona los sindicalistas conocidos como Las seis de la Suiza (5 mujeres y un hombre) condenados a tres años y seis meses de cárcel por unos hechos que se remontan a junio de 2015. Una trabajadora embarazada de la pastelería La Suiza de Gijón se sintió mal y el propietario no le permitió abandonar su puesto de trabajo. Avisado su marido se presentó en el establecimiento y se enfrentó al propietario. Éste los denunció y posteriormente fueron infructuosos todos los intentos de pactar un despido. A iniciativa de CNT se organizaron concentraciones que el propietario denunció y los jueces condenaron a las seis por delitos de coacciones graves. Desde el Juzgado de Primera Instancia de Gijón hasta el Tribunal Supremo se plegaron a la argumentación del denunciante y obviaron que se trataba de protestas en ejercicio de la libertad sindical y el derecho de manifestación. Ni caso. Los jueces los han enviado a prisión como una muestra más de coacción contra la protesta legítima. El mismo día que entraron en prisión una manifestación en Gijón exigió su inmediata libertad. 22 organizaciones sindicales han exigido el indulto, así como el gobierno de Asturias, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y todos los grupos parlamentarios de izquierda.  

El miércoles 9 de julio finalizó la huelga del metal de Cádiz. Ha sido un ejemplo de lucha, en primer lugar, contra la patronal pero también contra los dirigentes sindicales de UGT que pactaron al margen de las decisiones de las asambleas. Analizamos aquí esa movilización, pero ahora nos interesa señalar la represión que se ha practicado contra los huelguistas. No solo las numerosas cargas policiales sino la táctica empleada para intentar atemorizarlos. Hasta 24 de ellos han sido detenidos y procesados con fianzas de hasta 15.000 euros para evitar entrar en prisión preventiva, y a uno de ellos le piden una fianza de 45.000 euros. Es otra de las vueltas de tuerca de la Ley Mordaza. Las cargas policiales, las detenciones no son suficiente para doblegar voluntades. Vamos a ver si lo conseguimos-piensan- esquilmando económicamente a los que luchan. 

La ley Mordaza es la herramienta jurídica utilizada para condenar a los seis de Zaragoza. Más de un año llevan ya en prisión estos seis jóvenes zaragozanos condenados por protestar contra Vox. Fue en enero de 2019 cuando se convocó por redes sociales una concentración ante el local donde se celebraba un mitin de Vox. Las cargas policiales provocaron diversos enfrentamientos tras los que fueron detenidas estas seis personas. Aunque reconocieron haber participado siempre negaron que causaran disturbios. Los jueces no les creyeron, a pesar de la dudosa identificación, y solo creyeron el atestado policial, y hasta el Tribunal Supremo ratificó la sentencia. Cuatro de ellos siguen en la cárcel, dos de ellos eran menores y se les impuso una multa de 18.000 euros. No hay protesta en Zaragoza en la que no se exija la libertad de los cuatro. Se recogieron más de 10.000 firmas para solicitar el indulto, pero hasta ahora sin respuesta.    

La ley Mordaza es también la explicación de la persecución de los siete de Somosaguas. El 13 de febrero estaba prevista una charla del ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros en la Facultad de Políticas del campus de Somosaguas (Universidad Complutense de Madrid) El acto se anuló por la protesta de estudiantes, pero el conferenciante se presentó con abundante vigilancia privada y la protección de los antidisturbios. No sucedió nada más. Pero los ultraderechistas hicieron una denuncia y la Brigada de Información detuvo a estas siete compañeras y compañeros. Ahora les acusan de “desórdenes públicos, coacciones y delito de odio”. Se libran los que azuzan el odio (Vox y los suyos) y se persigue a quien los combate. 

La solidaridad con Palestina es otro de los objetivos represivos. La policía se infiltró en el movimiento de solidaridad y los jueces acosan, desde personas participantes en las acampadas por Palestina en la Universidad de Sevilla hasta participantes en protestas contra reconocidos defensores de la política genocida de Israel.  

La ley Mordaza, aprobada por el PP en 2015, fue considerada desde el primer momento un ataque directo a las libertades. El relator de las Naciones Unidas, Maina Kiai, la condenó e instó a que se derogara. Hizo lo propio Amnistía Internacional y Human Rights Watch y hasta el New York Times consideró que “trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco”. El gobierno PSOE y Sumar anunció en su acuerdo de gobierno que la derogaría y, sin embargo, la ley sigue vigente y es utilizada por policías y jueces para perseguir todo tipo de protestas. La judicatura, que en buena parte está colaborando todo lo que puede para ayudar a las derechas, aprovecha la ley para intentar desmoralizar y desmovilizar a quienes luchan por sus derechos y contra las derechas. Que el gobierno recupere la iniciativa política exige que se cumpla lo prometido: derogar la ley Mordaza