Ramón Piñeiro

LA ÚLTIMA VICTORIA DEL ANTIFASCISMO ASTURIANO

Las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, hace ya noventa años, nunca perderán su atractivo porque fueron las más disputadas, polarizadas y representativas del pulso ideológico que se dirimió durante el siglo XX. A Asturias le correspondía la asignación de 17 diputados, 13 para la lista más votada y 4 para la que quedara en segunda posición. Como en casi toda España, midieron sus fuerzas dos opciones: la derechista y la vertebrada por el Frente Popular. Por el Frente Contrarrevolucionario comparecieron ante el electorado asturiano 6 cedistas (José María Fernández Ladreda, José María Moutas Merás, Gonzalo Merás Navia-Osorio, Bernardo Aza González, Romualdo Alvargonzález Lanquine y Eduardo Piñán Malvar); otros tantos representantes del Partido Republicano Liberal Demócrata (Melquiades Álvarez González, Ramón Álvarez Valdés, Mariano Merediz Díaz-Parreño, Alfredo Martínez Argüelles, Pedro Miñor Rivas y Manuel Pedregal Fernández) y el dirigente sindical católico Vicente Madera Peña, quien se autodenominaba “obrero antimarxista”.

La candidatura del frente de izquierdas estuvo conformada por 6 dirigentes de la Federación Socialista Asturiana (Amador Fernández Montes, Mariano Moreno Mateo, Inocencio Burgos Riestra, Belarmino Tomás Álvarez, Graciano Antuña Álvarez y Matilde de la Torre Gutiérrez); 5 líderes de Izquierda Republicana (Álvaro de Albornoz Liminiana, Luis Laredo Vega, José Maldonado González, Félix Fernández Vega y Ángel Menéndez Suárez) y dos militantes del Partido Comunista: el asturiano Juan José Manso del Abad, trabajador de la Fábrica de Armas de Trubia, y la vizcaína Dolores Ibárruri Gómez.

Se impuso la candidatura del Frente Popular por un ajustado margen inferior a los 20.000 votos, ya que la plataforma de izquierdas recibió 170.828 apoyos frente a los 150.949 recabados por la coalición de derechas. Realizado el escrutinio, fueron proclamados diputados electos por el cupo de la mayoría los 13 integrantes de la lista presentada por el Frente Popular y por el cupo de la minoría solo los 4 más votados de la candidatura auspiciada por el Frente Contrarrevolucionario: José María Fernández Ladreda, José María Moutas Merás, Romualdo Alvargonzález Lanquine y Melquiades Álvarez González. Como el sistema electoral republicano era mayoritario con listas abiertas, en las que cada elector podía confeccionar a su gusto el menú de los candidatos preferidos, se comprobó que al electorado cedista le incomodaba la presencia de los candidatos del Partido Republicano Liberal Demócrata y que no todos los republicanos que apoyaron al Frente Popular marcaron las casillas de los candidatos socialistas y, sobre todo, comunistas.

A la victoria de la izquierda, fraguada en la Asturias urbana e industrial, contribuyeron en no pequeña medida los anarquistas, decisivos en Gijón y La Felguera, quienes, a despecho de su abstencionismo, acudieron masivamente a las urnas para contribuir a la excarcelación de los presos políticos, y las mujeres, movilizadas desde octubre de 1934 para socorrer a las familias de los damnificados por la intentona revolucionaria.

En el caso asturiano, al resultado de las urnas se le confirió un carácter plebiscitario. Todos los contendientes coincidieron en que cada ciudadano, con su voto, más que elegir a sus representantes, emitía un veredicto sobre los acontecimientos que enlutaron la región desde el mes de octubre de 1934, ya fuera para honrar a los revolucionarios y criminalizar a sus verdugos o, en el caso de respaldar al Frente Contrarrevolucionario, para lo contrario. Ante el numeroso público congregado el 27 de febrero de 1936 en el cine Europa de Madrid, Indalecio Prieto proclamó solemnemente que el triunfo electoral del Frente Popular en España, así como su victoria en Asturias, dictaba sentencia exculpatoria a favor de los mineros que, en el otoño de 1934, habían emergido del subsuelo y empuñado las armas para “asaltar los cielos”.

Radiografía de una batalla electoral

Una cartografía de la jornada electoral del 16 de febrero de 1936 requiere su inserción en las coordenadas, no ya de la convulsa España de la década de los treinta, que también, sino en la no menos turbulenta Europa de entreguerras, zarandeada por la polarización política y la conversión de cada contienda electoral en un campo de Agramante. Más allá de la radicalidad o beligerancia de los discursos, la praxis política del momento en todo tipo de comicios “naturalizaba” procedimientos de movilización de los partidarios, de difusión de consignas, de captación de votos y estrategias de presión al votante que, desde nuestra perspectiva actual, siembran la duda sobre la pulcritud del proceso electoral, pero que, ponderadas en su singular contexto histórico, ni torcieron la voluntad popular ni pueden ser argüidas para poner en solfa la legitimidad del resultado electoral. Cabe destacar, casi como anomalía, que, de hecho, en toda Asturias, solo hubo que repetir las votaciones en 8 colegios electorales, donde se verificaron conductas incompatibles con el buen orden o la limpieza del proceso.

Casi sin excepción, las incidencias se circunscribieron a los escenarios que, desde hacía tiempo, venían capitalizando la versión más enconada del pulso político o, al parecer de los contendientes, podían desnivelar por su peso demográfico el resultado final, que se preveía incierto y, en todo caso, ajustado. Uno de ellos fue Gijón, donde la tensión ya hizo mella, de madrugada, en un centinela del cuartel de Simancas, quien abrió fuego contra un grupo de personas cuya actitud juzgó amenazante solo porque merodeaban por la zona.

En la villa de Jovellanos, como en casi todas las ciudades de Asturias, se formaron interminables colas en las inmediaciones de los colegios electorales, incluso mucho antes de que se procediera a la apertura de las urnas. Cuando la Guardia de Asalto procedió a cachear a los votantes que esperaban su turno en la calle Ezcurdia, abandonó precipitadamente la fila uno de ellos, Ricardo Ablanedo López, al que dieron alcance tras una rápida persecución. Portaba un formón y una navaja, pero descartó taxativamente que le animaran propósitos agresivos.

Por desavenencias entre interventores y apoderados, las urnas emplazadas en los colegios electorales de Los Campos y de la calle Garcilaso de la Vega permanecieron cerradas. Más allá de esta incidencia habitual, la principal excepción al pacífico desenvolvimiento de la jornada fue el altercado que se produjo en la mesa que presidía el publicista y pedagogo anarquista Eleuterio Quintanilla, donde el apoderado de Acción Popular, Isaias Canseco Menéndez, destrozó la urna a botellazos no bien se dio por concluida la votación. En actitud poco amistosa, se abalanzaron contra él los apoderados del Frente Popular y buena parte del público allí congregado para asistir al escrutinio, cuya embestida pudo evitar porque fue oportunamente protegido y rescatado del tumulto por la policía municipal. En su descargo alegó que no podía permanecer impasible ante las múltiples anomalías que la mesa electoral estaba permitiendo, pero no concretó en qué habían consistido.

Casi a la misma hora, pasadas las cuatro de la tarde, se produjo en el colegio electoral de Frieres, una pequeña localidad de Langreo, el incidente más grave de la jornada. No bien se dio comienzo al recuento, irrumpieron en la sala tres jóvenes encabezados por Víctor Coloma (o Álvarez) Ajuria, quienes se dirigieron con ademanes violentos hacia la mesa electoral con el propósito, se supuso, de romper la urna y llevarse los votos. Les salieron al paso los guardias municipales destinados a ese colegio para garantizar el orden durante el proceso de votación y escrutinio. Uno de ellos, Alfredo García Palacios, disparó contra el principal saboteador porque, al parecer, esgrimió una pistola. Herido en el estómago, fue hospitalizado y, tras agravarse su estado, falleció el 21 de febrero.

Los únicos altercados que tuvieron por escenario la ciudad de Oviedo fueron protagonizados por una escuadra de falangistas que, previamente aleccionados y coordinados, tomaron por asalto los colegios electorales emplazados en Postigo Bajo y Matadero Viejo, donde destrozaron las urnas a bastonazos. La formación fascista, excluida de la coalición derechista, no cifraba precisamente sus expectativas de crecimiento en la contienda electoral, sino en la dialéctica de los “puños y las pistolas” que desembocaba en la vía insurreccional. Se presentó únicamente en 19 provincias, una de ellas Asturias, donde recabó 358 votos, de los que 52 se emitieron en Oviedo. En su candidatura solo figuraban cinco dirigentes asturianos: Leopoldo Panizo, Juan Francisco Yela Utrilla, Enrique Cangas, Santiago López, Juan Cobo González y Benito de la Torre, ya que el resto fueron impuestos desde la dirección nacional. Este “austero aislamiento” no fue compartido por algunos falangistas asturianos de primera línea, como Ulpiano Cervero, Juan Junquera y Francisco Martínez, partidarios de no dispersar el voto de la derecha ante la perspectiva de un resultado muy ajustado. De hecho, dado el insignificante apoyo recibido, no cabe descartar que, motu proprio, algunos falangistas se hubieran decantado por el “voto útil”

Por causas naturales se desplomó sin vida ante la urna Anselmo García, un electricista de Oviedo que trabajaba en Económicos. Su súbito fallecimiento causó consternación en la ciudad y el sepelio, celebrado al día siguiente, se convirtió en una imponente manifestación de duelo, ya que el finado, además de gozar de general aprecio, era hijo de Perfecto García Fernández, conocido por El Federal, venerable patriarca del socialismo asturiano. Había fundado en 1890 la Sociedad de Resistencia de Zapateros de la ciudad y, dos años después, la primera agrupación socialista, en la que desempeñó el cargo de revisor de cuentas. Había asumido, asimismo, una vocalía en la primera Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana, formalmente constituida en Oviedo el 27 de enero de 1901.

Con todo, no faltaron las denuncias por supuestos pucherazos, suplantaciones de votantes, anómalas invalidaciones u ocultaciones de votos y, sobre todo, por las más variopintas falsificaciones documentales, casi siempre presentadas por apoderados y candidatos del Frente Contrarrevolucionario. Bernardo Aza González, candidato de la CEDA, sostuvo que no se habían computado 264 votos que había recibido en Amieva. En parecidos términos se pronunció Ramón Álvarez Valdés, integrado en la misma candidatura en representación del Partido Republicano Liberal Demócrata, quien sostuvo que a él también se le habían escamoteado 296 votos emitidos a su favor en Cudillero.

Todos los portavoces de la coalición de derechas acusaron a sus rivales de haber movilizado a piquetes de mineros que, estratégicamente distribuidos por la provincia, trataron de intimidar con sus pancartas, consignas y manifestaciones, a los “votantes de orden”. En Degaña, por ejemplo, sostuvieron un enfrentamiento con el cura. Uno de estos comandos, integrado por hombres y mujeres procedentes de la cuenca del Caudal que se dirigían hacia Somiedo para hacer campaña en favor del Frente Popular, no pudo cumplir este cometido porque el autobús en el que viajaban, propiedad de Eliseo Espino, un vecino de La Peña (Mieres), se precipitó al vacío a su paso por Belmonte. Por la parte contraria, se arguyó que en las zonas campesinas los representantes de la Iglesia distribuían la candidatura de derechas entre los electores. El doctor Luis Laredo Vega, dirigente de Izquierda Republicana integrado en la candidatura del Frente Popular, se quejó de que las papeletas de voto utilizadas en Muros del Nalón eran de un papel tan fino que se transparentaban los nombres de las personas por las que se votaba.

Sin más altercados reseñables culminaba así una campaña en la que los candidatos se habían enzarzado en descalificaciones de grueso calibre, pero evitando el cuerpo a cuerpo, excepción hecha de las escuadras falangistas. El 31 de enero, cuando regresaban de un acto electoral en Tapia de Casariego, estos protagonizaron una trifulca en Luarca, donde resultó herido Ignacio Fernández. Poco después, cuando distribuían su candidatura electoral, se enzarzaron en una pelea con frentepopulistas sotrondinos, enfrentamiento que se reprodujo el 11 de febrero en las calles de Gijón. La tensión adquirió tintes dramáticos la víspera de la jornada electoral en Villamayor, una de las plazas fuertes del falangismo -en el concejo de Piloña fue donde más respaldo obtuvieron tras Gijón, Oviedo y Pravia-. Durante la jornada del sábado, 15 de febrero, una escuadra de pistoleros patrulló por la población realizando disparos indiscriminados, tras los que resultó herido de gravedad el joven Daniel Vega Piernas, de 19 años.

En Valdecuna (Mieres), coincidiendo con el cierre de la campaña, un socialista fue tiroteado por varios individuos no identificados que se dieron a la fuga. El acaloramiento de la campaña también hizo mella en Gregorio Gallegos Oporto (a) El Montañés y José Sánchez Álvarez, un sexagenario de Jove (Gijón), quienes, al mismo tiempo y también por desavenencias políticas, se enzarzaron en una pelea en la que resultó malparado el contendiente de más edad.

Pasionaria fue a la cárcel

Con la declaración oficial del Estado de Alarma el día 17 de febrero y, transcurridas otras 24 horas, la proclamación de la victoria del Frente Popular, no remitió, antes al contrario, la tensión acumulada durante la campaña y la jornada electoral. Al desconcierto contribuyó con su indecisión el gobernador civil, el gijonés José María Friera Jacoby, directivo del Ateneo Obrero de Gijón, secretario de la Sociedad Teosófica Asturiana, presidente del Partido Republicano Radical Socialista en Gijón y grado 24 de la Logia Jovellanos con el nombre simbólico Lamartine, quien se debatía entre atender al dictado de las urnas o desenvolverse dentro de la más estricta legalidad.

Sin aguardar a las instrucciones que dictara el gobierno que emanara del veredicto de las urnas, las fuerzas políticas victoriosas y su masa de adeptos reclamaron sin dilación que se revirtieran todas las medidas represivas adoptadas a raíz de la fallida insurrección obrera del otoño de 1934, eje de la campaña electoral del Frente Popular. Se exigió, de entrada, que fueran restituidos todos los empleados públicos depurados y readmitidos sin demora todos los obreros seleccionados, a los que se debía recolocar en los mismos puestos que habían desempeñado antes de octubre de 1934 y, asimismo, abonar íntegramente todos los salarios no devengados desde aquella fecha. Esta última reclamación azuzó la ola de la conflictividad laboral durante la primavera de 1936 porque la patronal no quería readmitir a todos los despedidos, se negaba a devolverles la categoría profesional que venían desempeñando -no pocas veces suponía remover al sustituto- y, en todo caso, no estaba dispuesta a superar como compensación el máximum de 60 jornales establecido por el Consejo de Ministros el 28 de febrero de 1936.

La exigencia de proceder a la inmediata reposición de todos los cargos públicos suspendidos por orden gubernativa tras la Comuna Asturiana suscitó disquisiciones de otra índole, en las que subyace una concepción de la soberanía popular y de la legitimidad para mandar distinta de la actual. Casi siempre se optó por recomponer las corporaciones municipales elegidas el 12 de abril de 1931 y desposeídas en 1934, unas veces de forma pacífica y otras a la brava. En el caso de Villayón, quienes venían desempeñando el cargo por designación gubernativa se atrincheraron de tal modo en el consistorio que fue necesario reventar las puertas para que accedieran al interior del recinto los elegidos mediante sufragio en 1931. Los ediles de Somiedo, encabezados por José Martínez Mata, Recaredo Marqués y Gerardo Calzón, recuperaron sus cargos a lomos de un airado grupo de manifestantes dispuesto a todo con tal de que se restableciera la legalidad democrática. Con menos vehemencia fue repuesto al frente de la diputación el reputado abogado Higinio García del Valle Peláez, dirigente del Partido Republicano Radical Socialista y de Izquierda Republicana, quien había sido concejal, teniente de alcalde y alcalde de Cangas del Narcea.

En Gijón, por el contrario, los vencedores en las elecciones no postularon la reposición de los ediles depuestos en 1934, sino que impusieron la constitución de una comisión gestora compuesta por representantes de todos los partidos integrados en el Frente Popular y presidida por el socialista Ángel Martínez Pérez, cuya legitimidad para gobernar dimanaba del resultado de las elecciones generales celebradas el 16 de febrero. Fundamentaron su pretensión en que varios concejales electos en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 habían adquirido la condición de diputados por Asturias (Ángel Menéndez Suárez, Mariano Moreno Mateo, Luis Laredo Vega e Inocencio Burgos Riestra) y, sobre todo, en que los republicanos elegidos entonces pertenecían a partidos distintos a los integrados en la victoriosa coalición formada el 15 de enero de 1936 bajo la denominación de Frente Popular.

 A este argumento se aferró Eliseo Marqués Menéndez-Conde, alcalde de Cudillero y dirigente local del Partido Republicano Liberal Demócrata, para proclamar que no estaba dispuesto a ceder la poltrona “a nadie ni por nada”. A su entender, su permanencia en el cargo estaba avalada “por haber obtenido en las elecciones generales celebradas el 16 de febrero de 1936 una mayoría de más de 2.000 votos sobre el Frente Popular” -la coalición de derechas se impuso en el concejo “pixueto” por 3.008 votos frente a 1.367-.

Los vientos de Fronda se respiraban, sobre todo, en las cárceles de Oviedo y de Gijón, donde la población reclusa estaba al borde del amotinamiento. Con los recintos saturados de presos políticos -en dos cárceles de Gijón, la de El Coto y la provisional de los jesuitas, estaban recluidos 900 presos y en la Modelo de Oviedo se hacinaban otros 800- y sitiados, tanto de día como de noche, por familiares y correligionarios que afluían en masa desde las cuencas mineras y, a voz en grito, clamaban por su inmediata liberación, se presentía que cualquier demora en la aplicación de la amnistía prometida por las fuerzas del Frente Popular, reclamación sobre la que había gravitado su campaña, derivaría en un estallido de cólera popular de imprevisibles consecuencias. Se encendieron las alarmas en Gijón la madrugada del 18 de febrero, cuando una columna de humo, interpretada como un conato de sublevación, pero producida por dos reclusos que prendieron fuego a sus petates, sobrevoló la cárcel de El Coto.

Con todo, los momentos más tensos tuvieron por escenario la cárcel de Oviedo. Allí cimentó Dolores Ibárruri la construcción de su propia leyenda, ya que se atribuyó la resolución del conflicto sin derramamientos de sangre al exigir de las autoridades regionales y carcelarias que se procediera a la inmediata liberación de los presos sin que fuera preceptiva una disposición ad hoc del Gobierno o una resolución de las futuras Cortes. Amparada en su condición de diputada por Asturias, “yo ya iba en plan grande”, manifestó en más de una entrevista, tomó posesión del manojo de llaves y fue abriendo las celdas al grito de “¡camaradas, todos a la calle!”

Un testimonio menos épico de su protagonismo en este acontecimiento lo proporcionó el comunista langreano Jesús Manuel Fernández Rodríguez, preso desde octubre de 1934 e integrante del Comité de Cárcel, del que también formaban parte, entre otros, Javier Bueno, Antonio Llaneza, Simón Díaz Sarro, Jesús Ibáñez, Alberto Fernández y Gustavo Lafuente, padre de Aída. En su relato, no solo atribuyó la liberación de los presos a las gestiones realizadas por este órgano de coordinación interna, sino que asignó un papel menos heroico a La Pasionaria. Según él, cuando se obtuvo el plácet de Casares Quiroga, recién nombrado ministro de Gobernación, para proceder a la liberación de todos los reclusos, se reponía de un desmayo en el botiquín de la cárcel, al parecer sobrevenido cuando quiso apaciguar a un nutrido grupo, encabezado por presos comunes e Higinio Carrocera, que pretendía forzar la principal puerta del recinto carcelario para salir a la calle. De la amnistía impuesta por la presión de los revolucionarios no se beneficiaron algunos presos, como el anarcosindicalista gijonés Avelino Alonso Díaz, tiroteado el 17 de febrero de 1936 por las fuerzas del orden en el penal de Santoña, donde, tras pasar por el castillo de San Cristóbal (Santa Cruz de Tenerife), había recalado para cumplir pena por su participación en la insurrección obrera.

Circunvolución de la victoria y la derrota

Una vez más, como tantas veces ha ocurrido en las contiendas de toda índole caracterizadas por la movilización de los bandos en pugna y por la extrema polarización política, sean electorales o armadas, a medio y largo plazo quien venció, perdió y quien perdió, ganó. Aquella alianza interclasista tuvo un desenlace tan traumático que la izquierda española nunca más quiso repetir la experiencia. Desde entonces, las fuerzas progresistas de la burguesía ilustrada y las alternativas transformadoras vinculadas al proletariado no han vuelto a converger en un mismo proyecto político común, tal vez porque se ha diluido su identidad, su base sociológica y su corpus ideológico. Tras el baño de sangre de la subsiguiente Guerra Civil, no solo no se ha vuelto a replantear un programa político interclasista como el auspiciado por el Frente Popular, sino que su estigmatización como legado y referencia ha adquirido tal calado en la cultura política española que, hasta las alianzas entre fuerzas afines de la izquierda, entre formaciones de clase, se diría entonces, se han interpretado como una patología electoral de funestas consecuencias. ¿Cabe inferir que rescoldos de aquella hoguera siguen interfiriendo en los procesos unitarios de la izquierda española? Sin duda.

Pese a que fueron más limpias que las elecciones generales de 1931 y 1933, los derrotados en febrero de 1936 optaron por la deslegitimación del resultado electoral y emprendieron el camino de conquistar el poder por la fuerza, para lo que creyeron necesario iniciar un proceso de desestabilización política, desórdenes públicos y violencia callejera que desembocó en el golpe de Estado del verano de 1936. Procedieron de este modo porque interpretaron la victoria del Frente Popular, contra toda evidencia, como el heraldo del proceso de bolchevización de España. A su entender, bajo la apariencia de un frente interclasista vertebrado por un programa moderado subyacía un proyecto revolucionario auspiciado por los comunistas, en el que la burguesía liberal y progresista figuraba en el primer plano de la foto, pero, en realidad, desempeñaba el papel de mera comparsa. Aunque las fuerzas obreras no formaron parte de los gobiernos del Frente Popular y su iniciativa política se circunscribió a la senda reformista del primer bienio, si bien no pocas veces desbordada por la impaciencia y la presión popular, establecieron un inexorable y duradero vínculo causal entre “frentismo” y “guerracivilismo”, del que se sirvieron para presentar como inevitable la guerra que ellos mismos iniciaron. Los rescoldos de aquella hoguera, en su caso, procuran reavivarlos cada vez que se abren las urnas porque hoy, como hace noventa años, para ellos el pulso electoral siempre se dirime entre quien quiere ser esclavo de una dictadura comunista y quien lleva en el alma el aliento de la libertad, así en España como en Argentina.