Inteligencia para concebir, coraje para querer, poder para forzar

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Sobre la nueva Ley de fomento del asociacionismo del Parlamento de Cataluña

25/05/2023

El Parlamento de Cataluña está elaborando la Ley de Fomento del Asociacionismo, por este motivo fui invitado como experto a dar mi opinión en la comisión creada para esta ocasión. Aquí va un artículo elaborado a partir de las notas de la intervención. Al final tenéis el link al video.

En el Parlamento de Cataluña se están haciendo los últimos trámites para aprobar una ley de fomento del asociacionismo. Que no se haga una ley de fomento de las entidades hasta 43 años después del primer Parlamento de Cataluña, es un mal síntoma. Todavía es más extraño si tenemos en cuenta que en Cataluña siempre ha habido, al menos desde hace 160 años, la sensación de que teníamos una gran sociedad civil. Obviamente, es una afirmación que tiene cierto fundamento si nos fijamos en los estándares españoles, pero no lo es si nos fijamos en los países con democracias consolidadas. Además, la mitad de la sociedad civil catalana, la laica y obrerista, ha estado más años prohibida que pudiendo funcionar en la legalidad. Nobleza y burguesía siempre ha tenido el derecho a asociarse, por el contrario, las clases populares lo tienen que exigir con muchas luchas. Podemos citar en este sentido la famosa manifestación en las Ramblas de Barcelona de 1855 al grito de “Asociación o muerte”.

Me he dedicado toda la vida a promover de una forma u otra sociedad civil en Cataluña y lo que puedo decir es que se maltrata mucho el tejido asociativo catalán. Como John Stuart Mill soy partidario que aquello que pueda hacer la gente desde las entidades no lo hagan las administraciones, y quiero un país donde se confíe en el ciudadano y donde el poder esté repartido. Y no es así. Tenemos un asociacionismo con locales desastrosos, con poca profesionalización, con pocos medios y con poco vuelo. Eso sí, se hizo una ley del voluntariado. Había la idea neoliberal que establecía que allá donde había los recortes en el Estado de Bienestar, habría jóvenes que lo harían gratis al servicio del poder.

La ley, demasiado larga, repetitiva y discursiva, tiene 21 páginas, 34 artículos, divididos en 5 títulos, 2 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, y 4 disposiciones finales. Perdimos las Constituciones y ahora, para repararlo, hacemos leyes muy extensas, pero con muy poca concreción efectiva. Es demasiado genérica y lo importante no está.

Muy de pasada se dicen cosas significativas, pero no se propone cómo solucionarlo. Por ejemplo, se habla de “la simplificación de la carga administrativa en los diferentes procedimientos de acceso a los recursos públicos” o “la mayor financiación de los proyectos y de las estructuras de las entidades”. En otros aspectos se nota que las ha escrito gente que no ha estado nunca en una entidad: “la mejora del trabajo en red entre las entidades y con el resto de agentes”. Como si las entidades no pertenecieran en su mayoría a federaciones nacionales, estatales e internacionales. Incluso en su retórica se habla dos veces del término “holístico”.

La ley, en su afán de regularlo todo, en el Artículo 5 de “requisitos generales” plantea cosas como el “Funcionamiento democrático de la organización y rotación periódica de los cargos con responsabilidad de gobierno.” ¿Todo el mundo tiene que tener cargos rotativos? ¿Y por qué los diputados no son rotativos cada año? Hoy en día el problema es encontrar ciudadanos que quieran asumir responsabilidades en una entidad. Así no hay entidad que dure. O que “la toma de las decisiones de la entidad sea responsabilidad y vaya a cargo de las personas que configuran sus órganos de gobierno, las cuales forman parte de manera voluntaria y no retribuida.” Pero hay más: “Que existan mecanismos de participación interna de todas las personas vinculadas a la entidad (…). Que su actividad no sea, principalmente, la prestación de servicios a cambio de remuneración.” No hay que legislar hasta el nivel, no de los estatutos, sino del reglamento interno de una entidad. Crea confusiones que crearán problemas futuros. Que cada entidad se organice cómo quiera, los poderes públicos ya verán a qué entidad hay que apoyar.

En la ley se plantea crear un Consejo de Asociaciones. No lo veo claro, pero sí haría falta un mandato del Parlamento para que todas las instituciones escuchen y atiendan a las entidades en la vida democrática.

En el Capítulo IV “Medidas de apoyo”, se vuelve a hacer una serie de afirmaciones genéricas positivas. Pero algunas de ellas son extrañas, por ejemplo: “Acciones de asesoramiento y asistencia técnica.” Una de las razones que haya poca predisposición a participar y dirigir entidades es la cantidad de tiempo que la gente tiene que dedicar a tareas burocráticas.

Uno de los artículos más importantes es el 15 “Acciones para la simplificación administrativa de los procesos”. El problema es que no hace un diagnóstico: ¿habéis visto cómo son los formularios? ¿Y los de justificación? Llegan a un nivel de detalle imposible de gestionar. Hace falta efectivamente simplificar y desburocratizar la gestión de los trámites y mejorar los procedimientos. De entrada, hay que decir que hay dos modelos de apoyo económico, el americano de los EE. UU. de donaciones desgravables, que favorece las grandes fortunas y muy poco el asociacionismo popular contestatario, y el europeo donde la gente paga en el Estado los impuestos y este distribuye el dinero. Plantea de forma positiva en el artículo 16 “Facilitar la planificación estratégica de las entidades con programas de ayudas de cariz plurianual, siempre que sea posible.” Tampoco se explica cómo hacerlo.

El mejor remedio son los convenios plurianuales de 4 años (no se cita la palabra convenio ni una vez) donde se fijen las relaciones de colaboración entre las instituciones y las entidades. Hoy los convenios están a punto de desaparecer del mundo asociativo mientras, está claro, se mantienen con las empresas privadas con quienes se hacen convenios a largo plazo dando unas cantidades fabulosas y facilidades de todo tipo: Volkswagen, Mobile, Circuito de Cataluña… Los cuerpos del estado de las administraciones públicas tienen alergia a los convenios. Los convenios se podrían tramitar el trimestre del año anterior y aprobarse en diciembre del año anterior, de tal forma que se pudieran pagar el 1 de enero del año de referencia, como se hace con todos los servicios externos de las administraciones. Todos los altos funcionarios que ponen pegas sin fundamento quedarían claramente fuera de juego.

Lo que pasa ahora es que hay pólizas de crédito sustentadas por las hipotecas de las viviendas de miembros de las entidades o créditos con avales personales de los miembros de la junta de una entidad. Además, en algunos casos ya no valen auditorías externas a las entidades, hacen falta auditorías de cada subvención. Un auténtico despropósito. Así es muy difícil que una persona quiera dedicar horas de su tiempo libre si además tiene que avalar créditos.

Mientras tanto, en cuanto a las subvenciones haría falta que no se pida la justificación de más del subvencionado, que no se establezcan porcentajes del total del programa a subvencionar y que no se vinculen a porcentajes de otros ingresos de otras instituciones o administraciones.

En el Artículo 17 “trabajo en red” se explica que “El Gobierno de la Generalitat tiene que impulsar medidas de fomento de iniciativas que ofrezcan el apoyo del mundo empresarial a las asociaciones.” Creo que es un brindis al sol, muchas entidades tienen su razón de ser al impugnar la forma de actuación de las grandes empresas en nuestro mundo actual. Creemos que hay que eliminar todo el artículo,

El Artículo 18 trata de las “Acciones de facilitación de uso y gestión de espacios y locales.” Es un punto muy importante. Hay que hacer un previo diagnóstico. Todavía sufrimos una falta de locales y de locales en condiciones. Tenemos locales pequeños, mal ventilados, donde hace frío, con muebles reciclados. Esto es producto en primer lugar, del franquismo que incauta locales de las entidades laicas y de izquierdas, cooperativas, ateneos, etc. Pero no de las católicas y conservadoras. Solo se han devuelto locales a los sindicatos. Y en segundo lugar, el hecho de que en los 40 años de democracia no se ha hecho casi nada en este sentido. Hace falta un programa de patrimonialización de las entidades. Para implementar esta idea haría falta:

  • Crear un fondo de ayuda a la compra de locales por parte de las entidades,
  • Cesión de locales de la Generalitat (Bajos Incasol, compra locales a la Sareb) y de los Ayuntamientos a las entidades por 40 años.
  • Creación de hoteles de entidades en las capitales de comarca y poblaciones de más de 50.000 habitantes en 10 años, ayudas a los alquileres de las entidades,
  • Cesión a 40 años a las entidades de suelo para edificar
  • Mientras tanto, tendría que existir la posibilidad de justificar con gastos de local las subvenciones. Ahora es imposible.

Se habla también de “el aumento de la calidad y del impacto de la formación” pero no se cita que ya hay escuelas de formación de las entidades y menos de cómo ayudarlas. El modelo tendría que ser: para aquella gente que se forma para hacer trabajo en las asociaciones, la formación tendría que ser gratuita pagada por la Generalitat. Hay escuelas de formación de las entidades y federaciones, es fácil.

En el Artículo 20 “Medidas de impulso de la ocupación de calidad en el sector” haría falta también una reflexión previa. En Cataluña se relaciona asociación con voluntarismo extremo. Hay que profesionalizar los equipos centrales de las entidades que permitan tener grandes y potentes sistemas de participación voluntaria. Hace falta un programa de apoyo a la profesionalización de las entidades. Las administraciones se niegan a financiar nóminas, quieren subvenciones finalistas sin nóminas y sin gastos de local. En los convenios y subvenciones se tiene que dar un espacio importante a las nóminas, una entidad no es como una empresa industrial o financiera donde el personal es un porcentaje pequeño. Se asemeja más a la administración pública donde el porcentaje real llega al 80% (capítulo I y capítulo II donde encontramos las personas que trabajan en servicios públicos en empresas privadas).

En el Artículo 22 estaría bien proponer facilitar espacios a las entidades en los medios de comunicación públicos para dar a conocer sus actividades. En los artículos 23 y 24 sobre la cuestión escolar y universitaria no está el tema principal: el fomento del asociacionismo estudiantil en los Institutos y en las Universidades. En este sentido, habría que proponer un mandato para que Institutos y Universidades den locales y dinero a las organizaciones estudiantiles.

En el Título IV, artículos 28, 29 y 30, se habla de las “Plataformas informales” La referencia a grupos informales en toda la ley es sobrera, es un mito posmoderno que se arrastra desde hace 40 años y genera contradicciones en el texto. ¿Se pedirá un funcionamiento democrático de la organización informal? Si se les da ayudas, ¿a quienes lo harán? ¿Con la cantidad de burocracia que se pide y no se pedirá estar constituido?

En el tema de los registros (Artículo 33) creemos que tendría que ser suficiente con estar inscrito en el registro de Entidades Jurídicas. No hay que multiplicar hasta el infinito los registros. Nos parece bien, en cambio, el Artículo 34 de creación del Observatorio Permanente del Asociacionismo y el Voluntariado. Quizás por fin, encargando estudios (algunos los puede hacer el CEO) sobre el nivel de participación asociativa en Cataluña y monográficos sobre ámbitos concretos, podremos saber dónde estamos realmente, fuera de las frases hechas. Se podría estudiar el impacto económico y corroborar la idea de algunos estudios donde se ha llegado a la conclusión que, de cada euro invertido en el tercer sector asociativo, este aporta tres. También sobre los puestos de trabajo creados por las entidades, etc. Estaría bien analizar lo que se denomina “PIB oculto”, es decir, lo que tendría que aportar el Estado si no hubiera gente que trabaja desde el altruismo para la comunidad.

En la disposición transitoria segunda se habla de “concurrencia competitiva”. Estaría bien salir de la terminología neoliberal: un grupo de tiempo libre de un barrio, una asociación de vecinos, un grupo de jóvenes ecologista, un grupo de scout, ¿con quién tiene que competir?

Hay que superar la confusión conceptual de la administración pública entre superávit y beneficio de las entidades. En las entidades sin afán de lucro no hay reparto de beneficios, pero esta confusión de la administración pública los lleva a no poder capitalizar la entidad. La lógica de las administraciones es que subvencionan déficit. Llevaría al absurdo que siempre tienen que funcionar con déficits, al final la quiebra sería segura.

Sobrevuela la neoliberal Directiva Bolkestein. Se aplica a sacar a concurso público actividades de las entidades para que las gestione DomusVi o Cledce. Al final nos encontramos con Casas de Juventud gestionados por DomusVi que es propiedad de fondos buitres radicados en paraísos fiscales. Ponemos un ejemplo. Si una Casa de Juventud de Jóvenes se la conceptúa como un servicio público y sale a concurso público, una aberración absoluta, DomusVi tendrá la gestión durante 4 o 5 años, y recibirá el dinero (pongamos 30.000 euros el año) a inicio de enero y con una factura el año tendrá bastante. En cambio, si hay un grupo de jóvenes que quieren salir adelante con una Casa de Juventud autogestionada y asociativa, cada año se tendrá que presentar a subvenciones, se les notificará, con suerte el mes de junio, tendrán que justificar los 30.000 euros con facturas en enero del año siguiente y les pagarán en marzo. Es técnicamente imposible. Esta es la razón que hay tan pocas entidades juveniles en Cataluña. Cuando los jóvenes se quieren organizar lo hacen fuera del sistema (democrático). Un muy mal asunto. De hecho, si se lee bien la Directiva Bolkestein, plantea excepciones.

Hablemos claro: cuando la corrupción se incrementa, aumentan los controles a los débiles. Cuando empecé me sacaba un “certificado de penales”. Iba a la comisaria de la Policía Nacional de Vía Laietana y te valía un año. Ahora la desconfianza se ha incrementado a niveles exagerados, y se incrementan los certificados y los papeles para justificar que no eres mala persona. Se considera al ciudadano asociado un posible delincuente. Muchas veces hay más horas de trabajo del controlador muy bien pagado que la del voluntario que llena los papeles. Hemos visto cómo un ayuntamiento se contrata una auditoría externa para una subvención de 300 euros o normativas de 16 páginas para dejar un local a una entidad un año con posibles sanciones de 5.000 euros. Ninguna entidad accedió, está claro.

Normalmente, se dice: es que es dinero público. La corrupción no está en las entidades, lo sabe todo el mundo, está en las grandes obras y en los grandes contratos. Se habla de libre concurrencia asociativa, pero hay cárteles: agua, gas, teléfono, electricidad, gasolina, etc.

Otra cosa que ha agravado la burocracia cuando parecía que era una buena ocasión para simplificarla, es la digitalización de la relación entre las entidades y las administraciones. Hay formularios en PDF de la última versión que no tiene nadie que hace que no se pueden rellenar, formularios mal hechos donde no se pueden poner cosas esenciales. O formularios donde hay que prever hasta el último detalle, como si fuéramos videntes. Entonces, vienen las interpretaciones burocráticas arbitrarías a pelota pasada cuando ya no se puede arreglar nada. Por ejemplo, una entidad juvenil recibirá un requerimiento por escrito diciendo que no se aceptan dos facturas: una de bebidas alcohólicas y otra de condones. La primera argumentando que una administración pública no puede pagar bebidas alcohólicas y la otra que tampoco puede pagar condones. Hará falta la intervención de un padre que sea abogado y que haga un escrito y lo presente en un portal electrónico afirmando que el primero era por la fiesta del 25 cumpleaños donde estaban los padres y el segundo por un cursillo para prevenir ETS. Después habrá que presentar los papeles en un portal electrónico lleno de passwords y de sistemas inextricables. De hecho, la mayor parte de funcionarios, no saben llenar los papeles que tienen que presentar las entidades.

La relación entre las entidades y las administraciones públicas se ha convertido en la relación de un súbdito ante un castillo inaccesible. Muchas entidades han decidido no pedir apoyo a instituciones públicas, especialmente las juveniles. Hay que mantener la ventana presencial y sin cita previa.

No puede ser que el trabajo voluntario esté dedicado a llenar papeles inútiles, incluso se hacen cursos donde funcionarios explican a los voluntarios cómo llenar sus enrevesados papeles. Hay demasiados obstáculos a la participación cívica.

Compartir el poder. En la transición se hablaba de cogestión, por ejemplo, al inicio de lo que ahora es la Agencia Catalana de la Juventud tenía una gobernanza de cogestión con CNJC, era un modelo copiado del Centro Europeo de la Juventud de Estrasburgo del Consejo de Europa. Ahora hay muchos consejos, pero casi ningún participativo y muy pocos servicios cogestionados. Estaría bien que la ley hiciera un llamamiento a la cogestión de servicios con las entidades.

Y una reflexión final. Se dice como un mantra: “las entidades no pueden depender de las administraciones”, ¡quién lo dice no es de la CNT-FAI, sino gestores públicos! ¿En qué manual de ciencia política liberal-democrática lo han leído? En democracia, todos dependemos de todos, todos colaboramos por el bien común. Las administraciones todavía están acomplejadas y atemorizadas de tener una sociedad civil potente y crítica, por eso no ha habido ninguna ley hasta ahora. Son residuos del franquismo en la cabeza de la gente y del miedo a los altos índices de asociacionismo de la Cataluña de antes de 1939. Hay todavía responsables institucionales que no entienden que haya entidades que sean críticas. Hace falta mentalidad democrática de las instituciones, es decir, republicanismo: el común es de todos. En fin, hay que compartir el poder y confiar en el ciudadano.

Se puede ver la intervención de Jordi Serrano en el Parlamento de Cataluña:

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:14296386,13090449

Intervención de Jordi Serrano: 23’ 30’’ y 1h 14’ 50’’

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