Quienes hemos sido activos en la sociedad civil y en el estudio sobre la participación juvenil conocíamos las extraordinarias dificultades que tienen los jóvenes para asociarse en España, no digamos ya en la dictadura, sino también en la democracia. Ahora Francisco Manuel Reverte nos da luz sobre las razones jurídicas de la pobre participación asociativa (juvenil) en España. Es decir, el miedo a la participación heredado de la dictadura tiene en democracia una serie de obstáculos jurídicos que descubrimos en este magnífico libro.
No es este el lugar para hablar del pobre tejido asociativo español. Los cuarenta años de dictadura lo explican. Lo que es menos lógico es que en cuarenta años de democracia a esta situación precaria no se le haya dado la vuelta. Al contrario, da la impresión que cada vez estamos más lejos de los índices de participación de la Transición. Centrarse en la participación juvenil como hace Reverte tiene una ventaja: los jóvenes anticipan futuros. Es decir, si los jóvenes de hoy no participan, los adultos de mañana no lo van a hacer.
Es obvio decir que durante el franquismo estaban prohibidas todas las asociaciones juveniles excepto la OJE y las dependientes de la Iglesia, en su mayor parte nacionalcatólicas y colaboracionistas con el régimen. Así pues, en 1974, cuando empezaban a ver que se les escapaban algunas de la mano, intentaron obtener el control del movimiento scout con el Decreto de 20 de julio de 1974 de Presidencia de Gobierno sobre “la organización e inspección de campamentos, colonias y marchas juveniles.” Los franquistas sabían de dónde venía el peligro. Pretendían, por ejemplo, que los títulos de los monitores de tiempo libre los expidiera la OJE[1].
En el año 1975, en el marco de la III Conferencia de la Unión de Juventudes Comunistas (UJCE) celebrada en Madrid, a un grupo de jóvenes dirigentes comunistas ilusionados con la extensión de las movilizaciones antifranquistas en nuevos ámbitos más amplios, Carrillo les respondió: “¿este es el problema más importante de los jóvenes catalanes?”[2]. No entendió que significaba la creación del antifranquismo asociativo juvenil.
Ya en aquellos días en democracia se era consciente de que había impedimentos a la participación juvenil por parte de Reino de España. De hecho, existe una Proposición no de Ley (PNL) de Participación de la Juventud, que fue presentada por la práctica totalidad de los Grupos Parlamentarios el 19 de mayo de 1981 (BOCG de 1 de junio de 1981), aunque finalmente no fuera aprobada. Entre las medidas propuestas se dice: “Revisión urgente de la normativa específica sobre asociacionismo juvenil, adecuándola a la realidad juvenil, para fomentar el hecho asociativo y obtener criterios claros de representación. Culminar el proceso constituyente del Consejo de la Juventud y presentación de un proyecto de ley sobre el Consejo.” Y el más sorprendente “Programa plurianual de inversiones para reparar, acondicionar y construir locales para los jóvenes, previa información de cuál es el estado actual del patrimonio juvenil público.” Increíble. A todos aquellos que dicen que en España hay poca participación por el carácter “latino” o “mediterráneo” Reverte les saca los colores. Los legisladores eran conscientes del problema ya en los albores de la democracia. Y no se hizo nada. De hecho, según Reverte “la voluntad de incorporación plena de nuestro país a los procesos de integración europea marcaba la tendencia de las líneas a potenciar en materia de participación y asociacionismo entre los jóvenes, para alcanzar niveles semejantes a los principales países europeos”. Efectivamente, estábamos muy lejos.
No será hasta 1988 cuando las cosas empiezan a cambiar con la modificación del RD de 1977, mediante el R.D. 397/1988, de inscripción registral de las Asociaciones Juveniles. En él se plantea acabar con los aspectos antidemocráticos de la norma, como “la eliminación de la necesidad de que el acta de constitución fuera firmada por dos personas mayores de edad con plena capacidad de obrar”. Entre otros, pero sobre todo “la presentación en la Administración del acta fundacional y los estatutos sería a meros efectos de inscripción registral y no de reconocimiento”. Y “la supresión del artículo 5º del RD de 1977, referido a la suspensión por la autoridad gubernativa de las actividades de las asociaciones juveniles o de acuerdos de éstas”. Un cambio revolucionario, pero al fin y al cabo puramente democrático. Se aprobó el 22 de abril de 1988. Habían pasado diez años de la aprobación de la Constitución y once de la llegada de la libertad. Reverte nos dice que “podemos afirmar que, ahora sí, el derecho positivo español regula las asociaciones juveniles de forma plena y sin restricciones.”
La preeminencia del escultismo católico se construye durante la dictadura y dura hasta hoy. Veamos cómo: “por su parte el Movimiento Scout Católico MSC según sus propios Estatutos: «es una Federación de Asociaciones públicas de fieles, con personalidad jurídica pública, que integra Asociaciones y Delegaciones Diocesanas de Escultismo y Asociaciones o Federaciones Interdiocesanas de la Iglesia Católica en España. El Movimiento Scout Católico, erigido canónicamente por la Conferencia Episcopal Española (6-VII-1973), como movimiento de apostolado seglar, orienta su actuación de acuerdo con las normas dimanadas de ésta, y se relaciona con la misma a través de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. La personalidad jurídica del Movimiento Scout Católico nace de la citada erección canónica, y su reconocimiento civil de la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.” Hay que añadir el hecho de que la teórica alternativa al escultismo católico, es decir, ASDE, nunca se ha declarado expresamente como laica. Una anomalía asociativa más.
En el libro de Reverte, vamos de sorpresa en sorpresa, incluso para aquellos, como quien escribe estas líneas, que nos hemos dedicado toda la vida a promover el asociacionismo laico. Damos un salto hasta el año 2014, el entonces Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, impulsa la derogación de la única ley que desarrolla al artículo 48 de la Constitución, como es la de creación del Consejo de la Juventud de España (CJE) del año 1983. La supresión de la Ley es delirante. La “razón” es la duplicación de funciones entre el Instituto de la Juventud y el CJE. Cualquier demócrata caería desmayado. Además, otro argumento utilizado es que hay que suprimir duplicidades y la burocracia y se cargan el mecanismo de participación juvenil más importante de España. Como si no hubiera en los ministerios burocracia para eliminar.
Reverte plantea la “necesidad de una Ley de Participación de la Juventud y Fomento del Movimiento Asociativo Juvenil. En mi opinión, manifestada desde hace largo tiempo, la debilidad e inseguridad jurídica administrativa que ha caracterizado a las políticas de juventud en la España democrática ha facilitado el desmantelamiento de organismos, programas y servicios de juventud y recortes en las partidas económicas destinadas al fomento del asociacionismo juvenil. En mi opinión, la juventud ha aportado a la sociedad democrática española más de lo que ha recibido en las últimas décadas.” Como señala José Luis Palacios, el autor que más sabe de asociacionismo en Aragón y, posiblemente, en España “para la existencia de un tejido social, sindical y político que sostuviese la nueva democracia española se articularon normativas facilitadoras, recursos ingentes, leyes que sancionaban el papel de la sociedad civil adulta. Los jóvenes no fueron dotados de un marco legal y administrativo que les permitiera tener espacio social para desarrollar su ciudadanía. Y las experiencias sociales que excepcionalmente se desarrollaron el país –impulsadas por gobiernos locales o autonómicos de izquierda y que la respuesta de los jóvenes dotó de un enorme impacto social como Zaragoza o Murcia– pronto iban a desaparecer”[3].
Para Reverte “basta comparar los recursos económicos y equipamientos de proximidad destinados a otros sectores de población con los puestos a disposición de los jóvenes, para darse cuenta de esta realidad, y esta carencia de la democracia española”. La juventud, continúa, “no se merece el trato recibido por los poderes públicos en España. Especialmente en la última década, los y las jóvenes además de encontrarse ante un futuro personal, laboral y social incierto, sufren el «desmantelamiento de las políticas de juventud», viendo en peligro sus organizaciones, asociaciones y proyectos sociales y culturales (…) las políticas de juventud se han visto recortadas hasta niveles insoportables. De hecho, las políticas de juventud han sido uno de los sectores más afectados por los recortes sociales, tan afectado, que, en amplios territorios, en especial en el ámbito municipal han desaparecido, se han diluido o han sido sustituidas por iniciativas puntuales, subcontratadas con entidades creadas por los propios técnicos de juventud tras perder sus puestos de trabajo”, en palabras de denuncia de Domingo Comas y Soler Masó[4].
Además, creo sinceramente que aquellos osados que creyeron en la necesidad de participación juvenil y que tuvieron éxito en su empeño, fueron directamente aniquilados. Por ejemplo, la impresionante realidad asociativa que significaron las Casas de Juventud en Aragón a partir de finales de los años ochenta hasta el 1 de enero de 1997.
Reverte pone un ejemplo más reciente de lo que ha pasado en la Región de Murcia: “en el año 2008 el presupuesto de juventud de la Comunidad Autónoma, a través del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, era de 10.875.000 euros, seis años después, en 2014, el Instituto de la Juventud había desaparecido y los recursos de la Dirección General de Juventud eran de 2.413.215 euros, con un recorte del 77%. Valgan dos detalles de esas partidas presupuestarias de 2014: programas culturales para jóvenes: 1 euro; fomento de la participación y el asociacionismo, 11.420 euros.” Por último, dice “Los enormes recortes presupuestarios, la desaparición de organismos públicos y Consejos de la Juventud en varias autonomías, junto a los intentos por anular o acallar al Consejo de la Juventud de España, reflejan el propósito de hacer desaparecer, o al menos debilitar, un movimiento asociativo juvenil democrático, independiente, pluralista y crítico.” Para él, “las asociaciones juveniles de la España democrática constituyen ya una especie en peligro de extinción. Si el asociacionismo juvenil en su conjunto necesita el apoyo de la sociedad española, las asociaciones juveniles como tipo específico y propio de la España democrática podemos afirmar que no solo necesitan apoyo, sino que constituyen una especie en peligro de extinción. Y varias son las causas que nos hacen pensar en valorar este peligro como muy serio (…) Si le unimos que desde hace una década los recursos económicos para el fomento asociativo desde las Administraciones Públicas no han dejado de disminuir, y la cada vez mayor complejidad en la gestión asociativa, vamos aportando elementos para un ecosistema social negativo para el asociacionismo juvenil, y sobre todo para las asociaciones juveniles, cuyas bases y raíces son más débiles que las de las organizaciones juveniles con mayor tradición”.
Reverte acaba con un mensaje de futuro: “Larga vida a la participación juvenil. Salvemos el movimiento asociativo juvenil y las asociaciones juveniles. Será un grave error de las Administraciones Públicas continuar el camino para desmantelar los programas de juventud y olvidar al asociacionismo juvenil. Por el contrario, es urgente y necesario un cambio en la orientación de las políticas públicas de juventud, que haga una apuesta decidida y fuerte por la participación como eje central de las políticas públicas de juventud y aporte los recursos necesarios para defender y fortalecer al movimiento asociativo juvenil”.
Y, por si fuera poco, sabemos que aún hoy el INJUVE, en 2019, da subvenciones a la organización OJE con 43.900 euros. Se trata del noveno lugar por cantidad, por delante de las secretarías de juventud de CCOO, UGT o USO, y de JOC, JEC o de la Federación Estatal LGTBI. Un contrasentido por mucho que obviamente cambiaran en su momento los estatutos. En fin, un libro para entender por qué los jóvenes educados en valores democráticos no participan 40 años después en los estándares europeos. En parte, el 15M de 2011 se explica por la inexistencia de canales democráticos por los cuales los jóvenes puedan expresar su malestar, sus prioridades y sus propuestas. Y en caso de hacerse oír, la ausencia de respuesta institucional.
Hay que agradecer a la Universidad de Extremadura la edición de este espléndido libro y al CJE. Participé en los trabajos previos a la creación del CJE desde la vicepresidencia del Consejo Nacional de la Juventud de Catalunya, y tengo un especial cariño a los organismos de cooperación juvenil, que han jugado y juegan un papel extraordinario, ante una sociedad y unos medios de comunicación sordos a sus sensatas propuestas. El impresionante trabajo de Reverte, nos da nuevas pistas de interpretación para saber el porqué de donde nos encontramos y también, claro está, de lo que hay que hacer en adelante para cumplir el espíritu -y la letra- del artículo 48 de la Constitución, con dinero, locales y recursos de todo tipo.
Es urgente eliminar las trabas burocráticas que han aumentado a niveles insospechados y que suponen una auténtica barrera imposible de franquear para los jóvenes. Es urgente también recuperar aquella Proposición no de Ley de 1981 para crear un “Programa plurianual de inversiones para reparar, acondicionar y construir locales para los jóvenes, previa información de cuál es el estado actual del patrimonio juvenil público” con el fin de, en palabras del senador Xirinacs, fomentar “las organizaciones de los propios jóvenes.”
Fuente: Serrano Blanquer, J. (2022). Francisco Manuel Reverte Martínez. Las asociaciones juveniles en la España democrática. Anuario De La Facultad De Derecho. Universidad De Extremadura, (37), 988-994.
[1] Andreu Castells, “Informe de l’oposició”, en El franquisme i l’oposició sabadellenca 1939-1976, vol. VI, Sabadell: Riutort, 1983, 29.48.
[2] Evidencia verbal Domènec Martínez, dirigente de la JCC y de la UJCE.
[3] J. L. Palacios Vadillo et al., El reto de la nueva Política Municipal de Juventud (Jornadas de buenas prácticas en Política Municipal de Juventud), Hospitalet de Llobregat, 2005.
[4] P. Soler Masó y D. Comas Arnau, «Los estudios sobre políticas de juventud en España», Revista de Estudios de Juventud 110: Los estudios sobre la juventud en España: pasado, presente y futuro (Jorge Benedicto y Carles Feixa [coords.]), diciembre 2015, 173-189, INJUVE.
