En Francia tienen un ministerio dedicado a la “vida asociativa”. En su web podemos encontrar estas declaraciones del Secretario de Estado, Gabriel Attal: «Nuestras asociaciones son un tesoro: sin ellas, nuestra República no tendría la misma cara. Fomentando los valores de la ayuda mutua, la solidaridad y la fraternidad, permiten una economía más humana, una sociedad más unida y son una escuela de ciudadanía y democracia para muchos jóvenes. Tenemos que apoyar a estas estructuras en la transformación de su modelo económico para ayudarlas a desarrollar mejor sus misiones y construir una sociedad de compromiso”.

En el estado español, son miles las asociaciones que están prestando un servicio a la sociedad. Personas comprometidas que movilizan recursos y dedican horas para atender las demandas y necesidades de la ciudadanía. En todos los sectores, colectivos, edades o campos de actuación hay asociaciones trabajando para mejorar nuestros territorios. Pero, nuestras instituciones no son conscientes de la necesidad del movimiento asociativo para construir una sociedad en la que se prime el bien común y los valores colectivos frente al individualismo. A pesar de que un 38% de la ciudadanía forma parte de alguna asociación (barómetro del CIS de noviembre de 2017). En estas entidades sin ánimo de lucro recae gran parte del cuidado a las personas o la actividad sociocultural de nuestros municipios. Ellas se encargan de la atención a la diversidad, integración, infancia, personas mayores o de las actividades socioculturales, deportivas, festivas o musicales de nuestros municipios.

Las asociaciones no son un gasto para la administración, y no, no viven de las subvenciones, todo el contrario: son una inversión y multiplican cada euro público que reciben por tres, generan miles de puestos de trabajo y devuelven a la administración gran parte de lo que recibe a través de los impuestos[1]. Según Ruiz Olabuénaga (1999), la aportación de las entidades sin ánimo de lucro supone el 4’5% del PIB español y llega a conseguir el 5’9% en el supuesto de que imputamos el ”trabajo” aportado por el voluntariado. Volviendo a Francia, el ministerio ha elaborado una hoja de ruta conjuntamente con las asociaciones que pretende sellar un pacto de confianza sólido entre asociaciones, poderes públicos y empresas, pero también iniciar una reflexión en profundidad sobre la filantropía francesa en una sociedad donde el compromiso se tiene que consolidar. El pacto co-construido con las asociaciones, se basa en tres pilares: apoyo estructural a las asociaciones, desarrollo del compromiso individual y colectivo a lo largo de la vida y hacer del desarrollo asociativo una cuestión de todo el mundo.

Estaría bien que nuestra administración mirara a Francia y que destinara los mismos recursos para apoyar un bien esencial como son las asociaciones. Que nuestras instituciones públicas cumplieran la voluntad de la Ley Orgánica, la 1/2002, que regula el derecho de asociación y establece que se ha de garantizar la participación de las asociaciones en la vida social y política, desde un espíritu de libertad y pluralismo, reconociendo, a la vez, la importancia de las funciones que cumplen como agentes sociales de cambio y transformación social, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. En el escenario político actual, es urgente actuar para democratizar el acceso a los recursos, capilarizando su distribución, conectándolo a las demandas sociales, estableciendo un diálogo permanente con la sociedad civil.

Ojalá tuviéramos un Ministerio de vida asociativa, pero mientras tanto, ya va siendo hora de que las instituciones, funcionarios y políticos confíen en las asociaciones como lo hace el Estado Francés.

[1] Fundación Horta Sud- estudios de evaluación de impacto: https://fundaciohortasud.org/biblioteca-fundacio-horta-sud/